La figura del Fiscal General del Estado por su engarce con el Gobierno siempre ha tenido una posición susceptible de discusión. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y tiene entre otras relevantes funciones la de “promover la justicia en defensa de la legalidad”, (artículo 124 de la Constitución). Desde hace tiempo algunas actuaciones del Ministerio Fiscal, las del actual y también la de los anteriores han sido objeto de crítica, pero nunca había ocurrido que el jefe del Ministerio Fiscal hubiera sido imputado por un presunto delito. Los fiscales a diferencia de lo Jueces y Magistrados no gozan de la prerrogativa de la independencia. Están sujetos a “dependencia y jerarquía”, y deben por tanto someterse a las directrices del órgano máximo del Ministerio Fiscal. De momento el Fiscal General del Estado ha dicho que no dimite, y se va a producir una situación de grave incoherencia y falta de legitimidad de las actuaciones futuras de la fiscalía.
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